La dimensión de la trama púnica parece inabarcable. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha imputado a 90 personas desde octubre. A la cabeza, tres nombres: Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño y exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. David Marjaliza, amigo de la infancia de Granados y su socio en varios negocios. Y el informático Alejandro de Pedro, que daba servicio a sus empresas.
En este círculo aparecen otros implicados, como un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, se trata de Ramiro Cid. Hay una decena de ayuntamientos madrileños salpicados por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Entre ellos, Parla y el exalcalde socialista, José María Fraile.
También el expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez. Y dos exconsejeros de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Lucía Figar y Salvador Victoria. Además de su ex directora general de Medios de Comunicación, Isabel Gallego. Una trama para enriquecerse sin trabajar y sin ningún tipo de rubor.