Aún está por confirmar si en Baleares Vox entrará en el Gobierno, pero de momento ya se ha hecho con la presidencia del Parlament, en manos de Gabriel Le Senn, quien en una entrevista en enero de 2022 calificó de autoritaria la vacunación contra el COVID: "La sanidad está siendo utilizada como puerta al totalitarismo, tienes que vacunarte porque así no ocupas una cama", decía entonces.
Las teorías conspiranoicas protagonizan gran parte de sus opiniones, sobre todo en lo referente a la inmigración. Es defensor de la teoría del 'Gran Reemplazo', una tesis que culpa a la inmigración de un futuro reemplazo de los blancos europeos. Le Senne llegó a decir que los inmigrantes terminarían sustituyendo nuestra cultura. Lo razonaba afirmando que terminarán siendo más, tendrán más fuerza e impondrán sus costumbres.
El recién estrenado president del Parlament tiene para cualquier colectivo. Afirma que las políticas igualitarias elevan el número de homosexuales. "El adoctrinamiento LGTBI está elevando los porcentajes de niños homosexuales y trans. Se hipersexualiza a los niños. Se les anima a la promiscuidad prematura" escribió Le Senne en uno de sus artículos.
Nada extraño en un respresentante de Vox. Son discursos habituales de la ultraderecha que ahora forman parte de los más de 140 equipos de gobierno municipales con Vox dentro. Lo demuestran las primeras medidas anunciadas por estos ayuntamientos. Algunos ejemplos son la retirada de banderas LGTBI, la sustitución de concejalías de Igualdad por las de Familia o la de la idea de violencia de género por la de intrafamiliar en las protestas por asesinatos machistas.
El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ya ha advertido a los ayuntamientos de su comunidad. Aquellas nuevas corporaciones municipales que no estén dispuestas a acatar las leyes contra la violencia machista, no tendrán ayudas en esta materia. "Lo que no pueden aspirar es a contar con estos fondos para mantener servicios en este sentido. Lo uno va con lo otro" ha afirmado tajante el presidente regional.
También la Comisión Europea advierte de que un ayuntamiento no puede prohibir manifestarse contra la violencia de género, ya que tal y como ha recordado el portavoz de Justicia, Christian Wigand, se trata de un derecho fundamental.