La nueva ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y este jueves en vigor. Los ciudadanos deberán pagar por primera vez la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La oposición ha rechazado rotundamente la medida en el Congreso

La norma, tramitada con el cáracter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y será recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional ante la posible vulneración del derecho a la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha puesto algunos ejemplos prácticos de la nueva tasa. Según dijo, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las tasas están "plenamente justificadas", son plenamente constitucionales y tienen el objetivo de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y financiar el sistema de Justicia Gratuita.