Por segunda ocasión, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha declarado por escrito como testigo en el caso Nóos. Lo ha hecho desde su propio despacho dos meses y medio después de que la anterior ocasión.
La actual ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los altos cargos (y excargos) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no declarar ante el juez y hacerlo de este modo.
Según indica el texto, "están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito (...) el Presidente y los miembros del Gobierno, los presidentes del Congreso y Senado, el presidente del Constitucional, el presidente del Consejo Generald el Poder Judicial, el Fiscal General del Estado y los presidente de las CC. AA". Además, la legislación también incluye a "quienes hubiesen desempeñado los cargos anteriores".
Asimismo, los miembros de la Familia Real, también se ve protegidos, frente a la acción de la Justicia, por este derecho.
Sin embargo, según ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la nueva reforma de esta legislación que quiere poner en marcha acabaría con este privilegio para los cargos públicos. De este modo, Camps hubiera tenido que comparecer en dependencias judiciales.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también se acogió a este derecho a finales de 2013 para declarar como testigo en el caso Gürtel.