Pedro Sánchez ha defendido la propuesta de Dolores Delgado, la que fuera ministra de Justicia en su anterior Gobierno, para ser la nueva fiscal general del Estado. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de las críticas de la oposición, que ha acusado al presidente de querer influir en la Fiscalía.
"Dolores Delgado está absolutamente acreditada, tiene un currículum impecable y una trayectoria en la Fiscalía incuestionable", ha señalado Pedro Sánchez tras recibir una pregunta sobre esta polémica. "Es cierto queha sido miembro de un Consejo de Ministros, pero entró como independiente y así se ha mantenido, ahora vuelve a la carrera fiscal que ha desempeñado en los últimos años. Lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es independencia y que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática", ha añadido.
"Lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es independencia"
Sánchez también se ha dirigido a la oposición, de cuyos dirigentes ha señalado que "no están en contra de ese nombramiento", sino "en contra de todos los nombramientos". "Me gustaría que la oposición criticara esta propuesta por los hechos, no por los supuestos", ha señalado al respecto.
Además, ha insistido en que "tiene todo el derecho del mundo" a concurrir a ese puesto: "Si uno lee el estatuto de la Fiscalía, está garantizada la autonomía de todos y cada uno de los fiscales".
A la pregunta de si ha consultado con el resto de miembros de su Gobierno esta propuesta, ha asegurado que "las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas". Mención también sobre el Estatuto de la Fiscalía, del que ha señalado que "fue renovado hace dos años, por lo que no estamos hablando de algo decimonónico".
El CGPJ, a la espera de comunicación oficial
De momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra a la espera de recibir una comunicación oficial por parte del Gobierno para convocar el pleno en el que estudiará la designación de Dolores Delgado como fiscal general, algo que no es vinculante.
Se trata de un trámite que exige la ley para comprobar que reúne los requisitos, entre los que se encuentran el de disponer la nacionalidad española y el de tener una experiencia de más de 15 años como jurista. Sin embargo, si los vocales conservadores quieren hacer objeciones por su cargo de ministra podrían hacerlas.