El Gobierno intenta buscar un acuerdo con las comunidades autónomas para armonizar la asistencia sanitaria de los inmigrantes que están en situación irregular en España y acabar con las disparidades que se producen tras la reforma puesta en marcha en 2012.
Será en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reunión previa a dicho Consejo, y a la que asisten solo técnicos de cada autonomía y no acuden ni los consejeros ni el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
Alonso pidió en el Pleno del Senado que las comunidades acudan con voluntad de llegar a un acuerdo sobre la asistencia sanitaria a los "sin papeles". "Espero disposición de las comunidades para acordar, hacer las cosas juntos y hacerlo bien, y eso es lo que espero", dijo Alonso, que también defendió la creación de un registro para los inmigrantes irregulares para facilitarles un documento, distinto a la tarjeta sanitaria, que les abra las puertas a la asistencia sanitaria en atención primaria.
Si se van a conceder derechos y prestaciones a los inmigrantes irregulares que van a recibir asistencia sanitaria en España habrá que exigirles "al menos los mismos deberes y obligaciones" que tienen los españoles, en referencia a estar en un registro o base de datos sanitaria.
Sanidad debatirá con las comunidades el borrador que aborda los "criterios mínimos" para la dispensación de asistencia sanitaria a extranjeros no registrados ni autorizados como residentes, con residencia efectiva y sin recursos económicos.
A los inmigrantes irregulares que cumplan esos criterios, se les entregaría un documento de certificación que deberá enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que necesite asistencia sanitaria. El mismo tendrá validez durante un año y se renovaría por este periodo en los plazos y la forma en que decida cada región.