Santi Vila, en libertad condicional bajo fianza de 50.000 euros, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia en el marco de la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Además, tendrá que hacer frente a una multa de diez meses con una cuota diaria de 200 euros, que suman un total de 60.000 euros.

El exconseller de Empresa del Governevita así la cárcel, al igual que Carles Mundó y Meritxell Borràs. Los otros nueve juzgados en este proceso sí tendrán que ir a prisión y la mayor condena ha ido a parar a Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión.

Según dicta la sentencia, la Sala da por probada la existencia de violencia. Pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión".

Además, considera que "todos los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano".

Vila que dimitió de su cargo antes de la DUI, declaró en el juicio del procés su rechazo a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y aseguró que las pretensiones del entonces president fueron "tensar la cuerda sin que se rompiera y encauzar un movimiento ciudadano pacífico cívico, reiterado y persistente".

Además, en el juicio aseguró que si pudiera volver atrás, hubiera actuado de una forma diferente, y alegó que tuvo un papel de intermediario entre el Gobierno de Rajoy y el Govern de Puigdemont, por orden de él mismo.

En ese juicio también explicó el motivo de su dimisión, el 26 de octubre, justo antes de la DUI. Aseguró que llamó a Puigdemont para explicarle que se había “dado la mano” con altos dirigentes del PP y del PSOE: “He dado la palabra de que cumpliríamos, si ahora no podemos porque no nos vemos capaces de justificarlo ante nuestro electorado (…), si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, yo sientiéndolo mucho me voy y dimito”.

Vila presentó ante el juez el referéndum como un proceso que no acabaría en una independencia real, sino como "algo instrumental" para llamar al diálogo con el Gobierno de España.

La Abogacía del Estado pedía para él 7 años de prisión y una multa de 30.000 euros por presuntos delitos de malversación y desobediencia. Por su parte Vox, que también le acusaba de organización criminal, retiró la acusación por ese delito.