La tormenta sobre el contrato entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa de un amigo del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha rebasado ya el terreno político. Ahora, de la mano de Más Madrid y el PSOE, la investigación ha llegado a la arena judicial. Ambas formaciones políticas han presentado este viernes sendos escritos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que se ponga la lupa sobre esa relación comercial y los términos en los que se produjo.
La oposición lo ve claro: entienden que se ha producido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos". Así figuran en ambos documentos, a los que ha accedido laSexta.com. Están rubricados por Mónica García, en calidad de Portavoz del Grupo ParlamentarioMásMadrid, uno, y por los portavoces adjuntos del PSOE de Madrid Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada, el otro.
En el centro de las sospechas se encuentra la posible comisión cobrada por el hermano de la presidenta, el empresario Tomás Díaz Ayuso. Según consta en la documentación presentada a Anticorrupción y tal y como ha indicado este mismo viernes el presidente del PP, Pablo Casado, la cifra que se pudo embolsar asciende a 286.000 euros.
Sin embargo, la propia Ayuso ha admitido ahora la retribución, pero por una cifra sensiblemente menor -55.850€, más IVA- y en calidad de "contraprestación por su trabajo". "No es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto", ha insistido.
Más Madrid aporta la transcripción de los SMS
En poder de la Fiscalía se encuentra ahora el contenido de unos SMS privados recibidos en noviembre por la líder de la oposición madrileña, Mónica García, y dirigidos tanto a ella como a Íñigo Errejón. En ellos se advertía del contrato en cuestión que ha desatado un cisma entre Ayuso y la dirección nacional del PP.
"Cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso", reza uno. "El concepto de esas transferencias es intermediación Comunidad de Madrid", continúa otro. "Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso".
Mónica García especifica en su escrito que el responsable jurídico de Más Madrid estudió estas informaciones "sin observar elementos suficientes para darle veracidad" como para elevarlas al Ministerio Fiscal.
"En el caso del hermano de Díaz Ayuso hay dos opciones: o usó una empresa pantalla en al que su amigo hizo de testaferro, o hay un caso claro de tráfico de influencias. El hermano de una presidenta se ha llevado 280.000 euros en plena pandemia y es una cuantía que en el salario de los madrileños son 10 años de trabajo", ha aducido a primera hora de este viernes en declaraciones a los medios tras presentar su denuncia.
Piden que se investigue la comisión de varios delitos
A ojos de su formación, se ha podido cometer varios delitos, en especial cohecho, "tanto en su variante de cohecho propio como en la del cohecho impropio; tráfico de influencias; malversación, tanto en su vertiente de apropiación indebida del patrimonio público como en la de la de administración desleal del patrimonio público; así como la inevitable referencia a diversos posibles delitos de prevaricación por parte de servidores públicos".
El PSOE madrileño apunta en la misma dirección. La denuncia se interpone contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables" de la presunta comisión de "delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos".
A la Fiscalía ha acudido junto a Sánchez Acera y Celada el portavoz del grupo y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien ha destacado que "cuanto más se oye más dudas hay".
"Hemos oído a Casado decir que obtuvo la información directamente de la administración, hemos oído hablar de testaferros e incluso a Ayuso decir que ni siquiera ha preguntado a su hermano por la comisión", ha insistido Lobato. "Si es legal o no lo decidirá la Justicia, pero lo que no es desde luego es ético", ha remarcado.