La ayuda de 426 euros para parados de larga duración con cargas familiares apenas ha beneficiado a una sexta parte de las 400.000 personas a las que inicialmente iba destinada, algo que los sindicatos han achacado a "serios problemas de ejecución debido a una aplicación muy restrictiva".

En septiembre y a seis meses de que termine el programa (el 15 de abril de 2016), sólo se han presentado 120.000 solicitudes, de las que 71.000 han sido aprobadas, según los datos del cuarto informe de supervisión posterior al rescate financiero emitido por la Comisión Europea.

Sólo el pasado mes de octubre se estaban beneficiando de ella 27.776 personas, según los datos de prestaciones por desempleo proporcionados por el Ministerio de Empleo, aunque la media mensual desde que se aprobó la ayuda alcanza los 40.000.

Las solicitudes remitidas para el cobro de esta ayuda han ido decayendo a lo largo de la vigencia del programa, lo mismo que ha ocurrido con el número de beneficiarios. Estos datos van acompasados con el número de personas que llevan más de un año en el paro, que alcanzaba los 3,3 millones al comienzo de 2015 y se situaba en 2,9 millones en el tercer trimestre del año.

Este programa, fruto de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales en julio de 2014, constaba de una "ayuda de acompañamiento" de 426 euros mensuales ligada a un compromiso de actividad, para lo que los beneficiarios inician un itinerario personalizado de inserción.

Así, el beneficiario no puede rechazar ninguna oferta de empleo, pero puede compatibilizar el puesto de trabajo con el cobro de la prestación durante cinco meses.

Entre los requisitos exigidos para su concesión están figurar inscrito como demandante de empleo a 1 de diciembre de 2014 y haber permanecido inscrito durante al menos doce meses dentro de los dieciocho meses anteriores a la solicitud, además de no superar los umbrales de renta del 75 % del IPREM (unos 400 euros mensuales).

Estas condiciones han sido dos grandes obstáculos para muchos de los desempleados de larga duración, según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que ha explicado que el desarrollo y el impacto del plan han sido "insuficientes".

Asimismo, ha asegurado que los servicios públicos de empleo "no han tenido en cuenta que hay personas muy desanimadas a las que hay que ayudar y orientar, así como muchas que no tienen los conocimientos mínimos imprescindibles".

En este sentido, ha explicado que en el 22% de las solicitudes denegadas no se acreditaron las tres acciones de búsqueda activa de empleo y en otro 22% no se justificaron las condiciones familiares, algo que cree que demuestra "falta de interés por parte de quien les atendió".

UGT y CCOO reclamaron una reunión al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, para eliminar los requisitos más problemáticos y prorrogar la ayuda por otros seis meses, así como para terminar de elaborar un mapa nacional de prestaciones y articular una renta mínima.

El director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, ha subrayado también que había requisitos difíciles de conseguir, además de un fallo en el cálculo de los posibles beneficiarios.

A su juicio, estas rentas no están siendo útiles para fomentar el empleo, ya que apenas 14.000 de los 71.000 beneficiarios la han compatibilizado con un puesto de trabajo.

Desde el Ministerio de Empleo han recordado que esta prestación responde a un pacto alcanzado con los agentes sociales, en el que se fijaron los requisitos para acceder a ella y después del cual ha habido diálogo continuo.

En su opinión, su baja implantación se debe a que la situación económica ha cambiado, a que hay menos desempleo y a que las personas la solicitan como último recurso, cuando no tienen otra ayuda.