La excandidata de IU para la Comunidad de Madrid Tania Sánchez ha sido imputada por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por un juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey tras una denuncia presentada en enero por el PP. 

Junto a ella están imputados otros miembros de la junta de gobierno local por supuestos delitos en varios contratos adjudicados durante la etapa de Sánchez como concejal de Rivas Vaciamadrid, según el auto judicial al que ha tenido acceso Efe. La excandidata autonómica ha sido citada a declarar el 23 de junio. 

El PP presentó el 19 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una querella contra la entonces candidata de IU; su padre y su hermano, y el actual alcalde de Rivas, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en varios contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas. 

El pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó la querella por "falta de competencia" del tribunal superior madrileño, al perder la excandidata la condición de aforada tras dimitir de su cargo como diputada regional el 9 de febrero. 

La denuncia del PP de Madrid, que ahora se tramita en el juzgado de Arganda del Rey, se refiere a los contratos municipales que recibió la cooperativa Aúpa, de la que era administrador y socio el hermano de Tania Sánchez, por cerca de 1,2 millones entre 2002 y 2008. También a la concesión de contratos de escuelas de tenis del Ayuntamiento de Rivas a un mismo administrador que representaba a varias empresas cuyo apoderado o copropietario era un técnico municipal. 

Estos contratos contaron, según el PP, con la aprobación, entre otros, de Sánchez, que fue concejala del Área de Servicios a la ciudadanía de Rivas y formó parte del Gobierno local entre 2007 y 2011. Antes de la denuncia, Sánchez defendió que no sabía que su hermano era administrador de la cooperativa Aúpa y que en el caso de los contratos de las escuelas deportivas de tenis únicamente existió una irregularidad administrativa al no haberse dado de baja el funcionario local en una empresa de la que ya no formaba parte.