El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha insistido en su deseo de la máxima celeridad en la investigación de casos como el de los ERE de Andalucía y ha añadido que no aprecia que algunas decisiones adoptadas por la jueza instructora de este asunto, Mercedes Alaya, supongan prevaricación.
Eduardo Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados tras entregar al presidente de la Cámara, Jesús Posada, el Libro Blanco del Ministerio Fiscal. El fiscal general ha sido preguntado por decisiones de la jueza Alaya como notificar autos de "preimputación" a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán directamente a través del Congreso de los Diputados y el Senado sin pasar por el Tribunal Supremo.
El Supremo decidió el pasado día 10 auxiliar a la jueza para que el Congreso y el Senado notificaran los autos dirigidos a los parlamentarios aforados, después de que la magistrada corrigiera su decisión inicial de dirigirse directamente a las Cortes y tramitara la comunicación de dichas resoluciones por los cauces habituales.
"Respecto a la instrucción de la jueza que lleva el asunto de los ERE en Sevilla la Fiscalía ya ha expresado su deseo de máximas celeridad, concentración y responsabilidad y respeto absoluto a las competencias", ha recordado Torres-Dulce.
El fiscal general cree que hay que seguir siempre las formalidades procesales, "que están precisamente para garantizar la pureza del procedimiento", y ha aclarado que la Fiscalía tiene la obligación de velar por la independencia de los jueces.
En este sentido, entiende que "el máximo impulso de actividad y rapidez de los procesos nunca es incompatible con las garantías y el respeto a la independencia judicial".
De todas formas a Torres-Dulce no le parece que la referida decisión de la jueza tenga la entidad para calificarla de prevaricación, lo que a su juicio "es una interpretación errónea". Ha explicado que "el delito de prevaricación se basa fundamentalmente en una decisión manifiestamente injusta y el Tribunal Supremo ha dicho que debe ser de una magnitud más injusta que lo que puede ser simplemente un error de trascendencia administrativo procesal".
También ha sido preguntado sobre si le sorprende que en este procedimiento se haya "desimputado" a algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
"Si nosotros hemos sostenido que no existían datos suficientes para la imputación no me sorprende y si hay datos de imputación presentamos los recursos oportunos ante las instancias superiores y siempre el Ministerio Fiscal respeta por completo aunque no las comparta las resoluciones judiciales", ha indicado Torres-Dulce.
Ha concluido advirtiendo de que "todo lo que signifique deslegitimar actuaciones del poder judicial hace un flaco servicio a la credibilidad del sistema y a la confianza en las instituciones, den o quiten la razón en términos estrictamente de legalidad".