Francisco Granados era, según detalla en su auto el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el cabecilla de la trama. Podría haber escondido en una cuenta en Suiza, más de un millón y medio de euros ejerciendo su influencia con otros alcaldes de la Comunidad de Madrid para lograr adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales.
No actuaba solo. Su amigo de la infancia, David Marjaliza, intermediaba supuestamente en la mayor parte de adjudicaciones de obras públicas en Valdemoro, el municipio de donde Granados era alcalde. El empresario regularizó ya en febrero doce millones de euros no declarados con la Amnistía Fiscal de Montoro.
Otro alcalde, el del municipio madrileño de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, adjudicó supuestamente un contrato a la empresa Cofely por 39 millones de euros. A cambio, algunos miembros del Ayuntamiento implicados habrían recibido de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros.
Hasta el alcalde del municipio más pequeño de la Comunidad de Madrid habría sacado tajada de sus inlfuencias. David Rodríguez Sanz, primer edil de Casarrubuelos, está en libertad con la obligación de comparecer todos los meses.
Y como la trama no entiende de partidos políticos, también aparece como imputado el exalcalde socialista de Parla, José María Fraile. Como regidor participaba en los órganos de contratación del Ayuntamiento, con varias irregularidades a sus espaldas. Ha dimitido y ha pagado una fianza de 60.000 euros para eludir la cárcel.
Y de Madrid a León porque Martín Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León, está imputado por haber adjudicado concursos públicos a las mismas empresas, las del conseguidor Alejandro de Pedro. A cambio, De Pedro debía ejercer sus influencias entre altos cargos del PP para mantenerlo en el cargo como presidente de la Diputación.