El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, ha defendido ante la juez de la Audiencia Nacional que la actuación del cuerpo en el asedio a la Guardia Civil durante el registro a la Conselleria de Economía fue "correcta y necesaria" y ha denunciado que no se les avisó "con suficiente antelación".
Un comunicado de los Mossos d'Esquadra difundido tras su declaración por sedición ante la magistrada Carmen Lamela afirma que Trapero ha trasladado a la juez que, al no avisarles con tiempo del registro del pasado 20 de septiembre, el dispositivo no se pudo planificar y eso "obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias".
"La primera noticia que tuvieron los Mossos sobre la actuación policial de la Guardia Civil llegó a través de los medios de comunicación", afirma la nota en referencia al asedio que sufrieron los agentes del instituto armado y ante el que, según la Fiscalía, la policía catalana no actuó con la diligencia necesaria.
Por ahora, no ha habido medidas cautelares para el jefe de los Mossos y en la misma situación ha quedado la intentendente Teresa Laplana, que ha declarado por videoconferencia.
También estaban citados, como investigados, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de Òmnium y la ANC. El 20 de septiembre se produjo un asedio durante un registro de la operación contra el referéndum y los dos han asegurado que no alentaron ningún altercado durante en la movilización.
En ARV Jordi Sánchez ha explicado que la daban por finalizada y que pidieron a la gente "que se fuera a su casa".
Jordi Cuixart y Jordi Sánchez han sido arropados por dirigentes del PdeCAT y ERC, entre otros. Apuntan a que todo se debe a la estrategia del Gobierno. Carles Campuzano, portavoz del PdeCAT ha afirmado que "el Estado actúa de manera equivocada y represiva".
La juez volverá a citar después de que la Fiscalía haya un nuevo atestado sobre lo ocurrido en el asedio a la sede de la Generalitat.
300 folios, audios y vídeos sobre aquella noche en la que un grupo de guardias civiles y la secretaría judicial quedaron atrapados durante un registro contra el referéndum.
Los documentos podrían ser información incriminatoria contra Jordi Cuixart y Jordi Sánchez e incluir a nuevas personas hasta ahora no citadas.