El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido proseguir con el juicio contra Elpidio José Silva por presunta prevaricación al rechazar su petición de suspenderlo mientras haya una investigación abierta al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y por una presunta falta de imparcialidad del tribunal.
El presidente de la sala que juzga a Silva, Arturo Beltrán, ha explicado al inicio de esta segunda sesión que el tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas ayer tanto por el abogado del acusado, Gonzalo Boyé, como las del fiscal y las acusaciones.
Tampoco ha recibido ninguna notificación de que se hubiera admitido a trámite una demanda por la vulneración de derechos fundamentalse contra él y contra la magistrada María Tardón, que fue apartada del anterior tribunal por su pertenencia a la Asamblea General de Caja Madrid.
Además, ha rechazado por "innecesaria" la petición del fiscal para que declare como testigo del director de Publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez, y que se aporte la declaración que hizo el pasado 16 de junio por el otro procedimiento que tienen abierto Silva en el TSJM por la filtración a la prensa de los correos de Blesa.
Durante el juicio, Silva ha explicado su decisión de enviar a prisión a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, con una fianza de 2,5 millones de euros y otra vez en junio de forma incondicional.
Según sus declaraciones, la prisión estuvo acordada "razonadamente" por los indicios de que el banquero había llevado a cabo una "gestión muy inadecuada que socavaba todos los protocolos", así como el posible riesgo de fuga y después de escuchar a varios peritos decir que habían sufrido "amenazas" por parte de algunos consejeros de la entidad financiera.
Por su parte, Gonzalo Boyé, abogado del juez Silva, ha repasado todos los pasos que siguió la investigación del crédito por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al que fuera su consejero Gerardo Díaz Ferrán, así como la instrucción sobre la compra del City National Bank de Florida.
Silva ha basado su decisión de reabrir el procedimiento sobre el préstamo en la existencia de varios indicios de criminalidad, sobre todo en el "hundimiento de la tercera entidad financiera del país que llevó a España a la bancarrota, a la subida de la prima de riesgo y a bonos basura".