Dos veranos después de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, ahora es el turno de la congregación benedictina que allí habita. Los religiosos tendrán que salir del enclave tras la aprobación, prevista para este martes, de la nueva ley de Memoria Democrática. Es la segunda norma de este ámbito que se promulga en nuestro país.

Catorce años después, el Consejo de Ministros va a aupar una nueva legislación para subsanar las lagunas que dejó el anterior texto legal, sobre todo, vistos los avances tanto en materia de derechos humanos como en el ámbito legislativo.

El articulado de la ley, que tendrá forma de Real Decreto, orbita en torno a cuatro principios: Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria del Derecho Humanitario Internacional. Y, por ello, y apoyado en diversos informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), amparará al Gobierno en la desacralización y resignificación del Valle de los Caídos.

Conmemoración y didáctica: nada de loas

Gracias a la ley de Carmen Calvo, como ha apostillado el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presentar el proyecto, a partir de ahora, los lugares de Memoria Democrática, como el de la basílica de Cuelgamuros, tendrán única y exclusivamente funciones conmemorativas y didácticas. Nada de apología o exaltación: no hay más loas posibles que las democráticas.

Por ello, los familiares de aquellos represaliados cuyos restos están inhumados en el Valle de los Caídos podrán recuperarlos porque ven sus pretensiones reconocidas como derechos. También se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y se deja sin potestad ni poder a los religiosos que moran en el enclave. No se ordena su salida, pero sí se insta a la negociación con la Iglesia para establecerla.

Esto también supone que la organización dejará de percibir las subvenciones de Patrimonio Nacional por gestionar el recinto, que ascendían hasta los 340.000 euros anuales.

Las sentencias franquistas, anuladas

El trasfondo es nítido: el Gobierno entiende que la regulación y el marco por el que actuaba el Valle de los Caídos, incluyendo su régimen patrimonial, se rige por principios y valores anticonstitucionales.

No es la única medida. El Consejo de Ministros también declara la nulidad de todas las sentencias franquistas, las emitidas durante la propia guerra civil y las de la dictadura. Aquí se recogen todos los cargos dictaminados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, así como por orientación sexual.

Entran, en esta categoría, los autos de los Consejos de Guerra, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público y la depuración profesional.