Poner en marcha una convención constitucional para pactar una reinterpretación de la Carta Magna que permita avanzar en el "carácter plurinacional del Estado" y el desarrollo del autogobierno de Euskadi y otras "comunidades históricas". Es la propuesta lanzaba este jueves Iñigo Urkullu en un artículo de opinión en el diario 'El País' y que ya ha generado múltiples reacciones a un lado y otro del espectro político. Pero, ¿tiene encaje constitucional? ¿Es jurídicamente viable?

Para Elviro Aranda, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, la propuesta del lehendakari es "totalmente extraña a cómo se hizo nuestra Constitución y cómo se deben afrontar sus reformas y su interpretación".

A su juicio, lo que plantea Urkullu no casa con la Carta Magna ni en su forma, en relación con "la técnica de negociación mediante convención constitucional" que plantea el político vasco, ni en el fondo, en referencia a su alusión al "debate bilateral" entre el Estado y el Gobierno vasco sobre la base de "derechos históricos".

Por su parte, el también catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera Santos, de la Universidad Rey Juan Carlos, advierte de que "si se quiere reformar la Constitución en lo tocante a la cuestión territorial, deben seguirse los procedimientos establecidos", concretamente en el artículo 168 de la Carta Magna. El experto no ve un "encaje real" de la convención constitucional que plantea Urkullu que, en su opinión, es una "entelequia que supondría negar la decisión del pueblo soberano".

Además, el catedrático niega que exista la bilateralidad a la que alude el lehendakari "entre un ente territorial y el Estado en el que está inmerso", salvo en "cuestiones como el estudio del desarrollo de competencias transferidas". Esa "bilateralidad", advierte, supondría "poner en idéntico nivel una región, una parte del Estado, respecto del propio Estado", algo que considera "inconstitucional de manera radical".

"No existe la plurinacionalidad jurídica y política en ningún Estado democrático. Atenta contra el principio de soberanía nacional del mismo", esgrime Vera Santos, que advierte asimismo de que la cuestión territorial es "un tema vertebral para la convivencia", por lo que, asevera, "nunca debe discutirse como moneda de cambio" durante un proceso de investidura.