Vicente Cotino y Enrique Ortiz, copropietarios de varias residencias de ancianos, tenían, presuntamente, un interés: lograr que la Generalitat valenciana cortase el grifo de las ayudas a las familias de dependientes.
Así, sus centros se llenarían. Es lo que Ortiz y Arturo Alario, gerente de la sociedad, acuerdan en esta conversación. Para acabar con estas ayudas "a mansalva", Alario, decide presentar un informe jurídico ante la Consellería de bienestar social.
Informe impulsado por él y costeado por la patronal. Se les nota nerviosos. Ortiz, impaciente, culpa al secretario autonómico de bienestar social, Joaquín Martínez, e insiste varias veces en que hay que presionarle.
Hay que hacer presión en plan ruin. La indicación la repite Ortiz, pero con otro interlocutor: esta vez es su socio y sobrino de Juan Cotino, Vicente Cotino. Quien escucha atentamente. Vicente a Cotino a competerse a cerrar una reunión con él.
Tal es la insitencia de Ortiz, que Cotino se compromete a cerrar una reunión con él. Son conversaciones que perjudican una vez más a la familia Cotino, y que no agradan al presidente valenciano.
Las conversaciones son del año 2009. Desde el 2007, el tema es especialmente delicado en la Comunidad Valenciana, donde en los últimos años se han agudizado los recortes en ayudas a la dependencia. Los colectivos han salido a la calle en numerosas ocasiones, y denuncian que las ayudas tardan en tramitarse una media de 300 días.