El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha negado haber mediado ante dos ministerios para agilizar licencias de productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar y haber recibido dinero por ello.
Tras diez años de instrucción que empezó por una denuncia contra Fabra de Vicente Vilar, en la que le acusaba de tráfico de influencias y cohecho, el empresario ha dicho que lo que motivó aquella querella fue la falta de apoyo del también expresidente provincial del PP cuando su exmujer le denunció por violación.
Vilar ha dicho que fue su exmujer (Montserrat Vives) la que, tras trabar amistad con la entonces esposa de Fabra, Amparo Fernández, "pagó primero 30 y luego 25 millones de pesetas" a ésta por, según el empresario, "agradecimientos" y porque "había llegado a la conclusión de que con ella iba a llegar muy lejos". Sin embargo, el empresario ha dicho que "nunca pagó un duro" a Carlos Fabra, y que no es su intención meterle "en un lío que no se merece".
Fabra ha afirmado por su parte, en la segunda sesión del juicio que se sigue contra él por varios delitos, que los diferentes ingresos de dinero sin justificar por los que se le acusa no se corresponden con ingresos ilícitos, sino con su forma de "funcionar" y de gestionar su patrimonio familiar.
También ha desvinculado de todos estos movimientos a su exesposa, acusada de tres delitos de fraude fiscal, quien también ha apoyado esta versión y ha añadido que "todos" los ingresos que obtenía Fabra "era lícitos, legítimos y correctos". Ambos han negado también haber creado la empresa Carmacas para encubrir los supuestos pagos recibidos por Vilar.
Los entonces matrimonios Fabra-Fernández y Vilar-Vives se conocieron a raíz de la amistad que ellas entablaron al encontrarse habitualmente en el mercado. La relación se consolidó, según han confirmado todos los imputados, y quedaban para cenar, comer o incluso ir a los toros.
Fabra comenzó a asesorar a Vilar "en todo, en infinidad de cosas, hasta por chorradas", como ha reconocido en su interrogatorio el expresidente.
Vilar, según ha manifestado él mismo, estaba "harto" de que no se aprobaran las licencias, pese a considerar que sus productos eran legales y por ello, años antes de conocer a Fabra, contactó con el entonces senador del PP Miguel Prim, también imputado en la causa por tráfico de influencias, para pedirle ayuda, aunque no consiguió "ninguna agilización".
El empresario ha asegurado que estaba en esa época "harto de soltar maletines" en los "despachos de influencia" del Ministerio de Agricultura para poder obtener licencias para sus productos.
Vilar ha manifestado que después, cuando supo que su mujer era amiga de Fernández, se reunió con Carlos Fabra y le contó "su problemática".
Éste, según Vilar, se ofreció a "realizar gestiones" pero la aprobación del producto fitosanitario se produjo "porque estaban todos los documentos de la Generalitat que acreditaban" que Naranjax era sintetizadora y les "pertenecía" ese registro.