La problemática de las viviendas de San Fernando de Henares, Madrid, afectadas por la línea 7B de Metro ha llegado hasta el Parlamento Europeo. El alcalde, Javier Corpa, y algunos vecinos de la localidad han acudido a Bruselas para reclamar soluciones dignas ante, explican, la inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los representantes de la Asociación Alberti-Presa, tras mantener reuniones con eurogrupos en el Parlamento Europeo, han conseguido el apoyo necesario para el debate de la problemática en la Comisión de Peticiones del organismo europeo. "Dijimos que íbamos a llegar donde tuviéramos que llegar y hemos venido hasta el Parlamento Europeo para que la Comunidad de Madrid se tome en serio el problema de una vez por todas". "Que tenga claro la Comunidad de Madrid que no vamos a parar hasta una solución definitiva", ha añadido el alcalde.

"Todos exceptuando el grupo popular quieren apoyar esta comisión y que sea tramitada con carácter de urgencia. Que se nos abran las puertas del Parlamento Europeo y se nos cierren las de la Comunidad de Madrid no lo podemos entender", ha aseverado el presidente de la asociación de afectados, Juan Fuentes.

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha defendido en cambio que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no paran de tomar medidas para satisfacer a las familias afectadas por las obras de la Línea 7B de Metro. Así lo ha remarcado tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por los periodistas por el viaje que el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha realizado a Bruselas, junto con afectados, para elevar el problema generado a la Unión Europea.

El vicepresidente madrileño ha recordado que continúan con las reuniones con las familias para actualizarles toda la información relacionada con sus viviendas y con los siguientes pasos que se van a poner en marcha.

Asimismo, ha incidido en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al municipio en dos ocasiones para reunirse con ellas y les ha explicado que tienen 120 millones dispuestos para continuar con las actuaciones integrales en la localidad cuyo objetivo es "salvaguardar la seguridad y el bienestar de los afectados por la construcción de la Línea 7B".

Más de 400 familias afectadas

La localidad madrileña de casi 40.000 habitantes tiene ya 411 viviendas y 43 locales comerciales reconocidos como afectados por el Metro en al menos 12 calles diferentes. por la Línea 7B de Metro. Los hundimientos de tierra provocados por una mala praxis en la construcción del tunel han causado en estos 15 años el desalojo de más de 100 vecinos, el derrumbe de 27 viviendas y el abandono de casi tres calles al completo. Al menos otras 9 calles más tienen afecciones, según los datos del Ayuntamiento.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha actuado con planes de emergencia basados en desalojos y derribos en la ‘zona cero’ de las afecciones. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno regional la creación de una ley autonómica que garantice las indemnizaciones a las familias afectadas y que sirva para atender los daños en bienes públicos y ha exigido, junto a los afectados, la creación de un Plan Integral que lleve a cabo un estudio pormenorizado del terreno y plantee soluciones para evitar que los hundimientos sigan abriéndose camino en la localidad. Una propuesta que fue materializada por la oposición de la Asamblea de Madrid como Proposición No de Ley, y para la que el Gobierno de la Comunidad votó en contra.

Los vecinos, que comparan su situación con la sufrida por el hundimiento de El Carmel en Barcelona en 2005, también han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe ante "la inacción de Ayuso".

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