Los grupos políticos de la Comunidad Autónoma de Aragón han elaborado un decreto de emergencia y en consecuencia una proposición de ley de Garantías sociales, en la que han pactado por unanimidad una definición del concepto de 'vulnerabilidad social'.

Desde un punto de vista económico, la Cortes de Aragón han acordado que un hogar se considera en circunstancias de riesgo de vulnerabilidad social cuando ingresa menos de 14.910 euros al año, o 18.637 cuando en el hogar habitan al menos un menor de edad no emancipado, una víctima de violencia doméstica, una persona con discapacidad superior al 33%.

Por lo que, una vez aprobada esta proposición de ley de Garantías sociales, si la familia se ve envuelta en un proceso de ejecución hipotecaria no podrá ser desalojada de su vivienda sin que antes esté previsto su realojo en otra. Además, tampoco se le podrán retirar suministros básicos como la luz o el agua.

El decreto de emergencia del Boletín Oficial de Aragón contempla que "se adoptarán medidas para hacer efectivo el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas natural y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de emergencia, mientras dure dicha situación".

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