Durante su declaración, el padre Román ha garantizado que nunca ha pedido ni dado "favores sexuales" al denunciante de los abusos, ni ha compartido cama con él ni con ninguno de los miembros del llamado clan de los Romanones, que supuestamente él lideraba y en cuyo seno ha negado que se produjera "ningún tipo" de relación homosexual; ni en la casa parroquial ni en las propiedades que el grupo poseía en Los Pinillos y en Salobreña (Granada).
En esta primera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia, el Román, que se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de cárcel, ha relatado que conoció al denunciante de los supuestos abusos cuando éste tenía nueve o diez años en la parroquia San Juan María Vianney del barrio granadino del Zaidín, adonde acudió un año antes de hacer la comunión para recibir catequesis.
Ha señalado que el chico "se sentía bien" en la parroquia y por eso más adelante empezó a implicarse en las distintas actividades que allí se realizaban: primero preparando las misas, más adelante siendo catequista y participando en algunos de los encuentros que el grupo mantenía en distintos inmuebles y donde, según ha relatado, el joven se quedó a dormir en "alguna ocasión".
Niega no obstante que durante esos encuentros se exhibiera pornografía, que él llegara a realizar masajes o a tener contactos sexuales con la supuesta víctima o que le haya besado alguna vez en la boca, algo que según afirma no ha hecho "en la vida" con nadie porque no casa con su condición de sacerdote.
Ha defendido, de hecho, que ha llevado una vida "totalmente íntegra" y que todas las acusaciones que se han vertido contra él son "absolutamente falsas", destacando que en el ejercicio de su labor pastoral ha tratado con "cientos, casi miles de jóvenes" sin que haya recibido ninguna queja o denuncia de este tipo.
Al inicio de la sesión, el tribunal no ha admitido la cuestión previa planteada por la defensa del padre Román pidiendo la nulidad del expediente canónigo que se ha incorporado en la causa en una pieza separada y en la que se recoge la declaración sobre este supuesto caso de abusos de tres de las personas inicialmente investigadas en la causa, que tuvo un total de doce imputados.
La Sala ha rechazado sacar este informe canónigo del proceso al entender que no se obtuvo de manera ilícita, en tanto que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo entregó de manera voluntaria y por considerar que no se han vulnerado derechos procesales o el derecho de defensa del acusado, de modo que el tribunal se reserva el derecho de resolver esta cuestión en sentencia.
La Sala también ha rechazado la petición de la defensa de incorporar como prueba documental una reciente carta enviada por la Secretaría de Estado del Vaticano en la que, ante la celebración de la vista, muestra su confianza en que se respete la presunción de inocencia. Entiende el tribunal que esta premisa está garantizada y se da por hecho.
