El gobierno catalán, a través de la Agencia Catalana de Consumo, ha resuelto el expediente que abrió a finales del pasado año para aclarar el suceso y ha determinado que la compañía cometió una infracción "muy grave" al cortar el suministro sin verificar que la víctima se encontraba en una situación de riesgo de exclusión residencial, tal y como establece la ley 24/2015 de pobreza energética.
La Generalitat considera un "agravante" la "alarma" que generó esta tragedia y el hecho de que la persona afectada perteneciese a un colectivo de especial protección, como es la gente mayor.
El ejecutivo catalán ha comunicado esta semana la propuesta de sanción a Gas Natural Fenosa, que ahora tiene un plazo de dos meses para recurrirla, ha explicado el secretario de Empresa y Competitividad, Joan Aregio, en rueda de prensa.
Aregio ha señalado que la actuación sancionadora de la ACC en el ámbito de la pobreza energética consiste en comprobar si las compañías energéticas solicitan el informe preceptivo a los servicios sociales municipales antes de proceder a un corte de suministro.
"La ACC no tiene competencias para sancionar o penar otros hechos que se hayan podido desencadenar como consecuencia de una interrupción de los suministros básicos", ha incidido el secretario de Empresa y Competitividad.
El instructor del expediente considera probado que Gas Natural Fenosa cortó la luz a la mujer sin consultar previamente al Ayuntamiento de Reus si se encontraba en situación de vulnerabilidad.
La Generalitat ha decidido finalmente elevar de "grave" a "muy grave" la infracción en este caso, tipificación que puede conllevar una sanción de entre 100.000 euros y un millón.
Si la administración catalana hubiera considerado "grave" los hechos, la multa hubiera oscilado entre los 10.000 y los 100.000 euros, ha detallado Aregio.
Poco después de la muerte de la anciana de Reus, la Generalitat anunció la apertura de un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa por entender que debía haber informado al Ayuntamiento de antes de cortar el suministro eléctrico.
La compañía siempre ha defendido que cuando cortó la luz a la mujer desconocía su situación de vulnerabilidad, ya que los servicios sociales municipales, que la habían asistido en otras ocasiones, no se lo habían comunicado.
La muerte de esta anciana reavivó el debate social en torno a la pobreza energética y provocó otro paralelo respecto a la vigencia de la ley catalana sobre la materia.
El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, aseguró que la ley catalana de pobreza energética era clara y no requería de un reglamento adicional, mientras que Gas Natural Fenosa alegó que la ley carecía del preceptivo reglamento y pidió más coordinación a las administraciones.
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