La sentencia, que ya es firme al haber sido confirmada por el Tribunal Supremo, considera probado que en octubre de 2010, la acusada, de 38 años, tenía bajo su custodia exclusiva a sus hijas menores de 12 y 13 años, con las que convivía.

Al menos desde esa fecha, consintió que la hija de 12 años, y a pesar del rechazo de esta, comenzara a mantener relaciones sexuales con hombres adultos que ella conocía recibiendo a cambio dinero.

Por otra parte, con intención de explotar económicamente el cuadro clínico de su otra hija de 13 años -con una discapacidad del 66 % y diagnosticada de escoliosis- la obligó, a partir del año 2009 a permanecer inmóvil en su cama o en el sofá del salón, en contra de las pautas de tratamiento que tenía señaladas, provocando así que se incrementase su atrofia muscular, para asegurar la ayuda económica de la Junta.

Al mismo tiempo la sometía a duros castigos físicos, pegándole a veces con un cinturón y, en alguna ocasión, la obligó a pedir dinero en la calle. El 10 de abril de 2011, tras fallecer su madre, la acusada incrementó su dejación de las funciones maternas y, aunque estaban escolarizadas, era frecuente su absentismo escolar y descuidaba su higiene personal y su nutrición.

Finalmente, entregó a sus hijas a un matrimonio, con el que mantenía lazos de amistad, para que las cuidaran y fue esta pareja la que, tras ganarse la confianza de las menores, denunciaron en noviembre de 2012 la situación a los servicios sociales.

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