El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la pena de 112 años y medio interpuesta por la Audiencia de Valladolid a un padre que violó en repetidas ocasiones a dos de sus hijas menores y las dejó embarazadas. El hombre también maltrataba a su mujer y a otro hijo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Alto Tribunal condena al hombre por ocho delitos de agresión sexual sobre sus hijas, que en el momento de los hechos tenían 15 y 16 años. A estos se suman tres de maltrato habitual y dos de maltrato. La sentencia considera probado que, en el año 2015, el condenado aprovechó que se encontraba a solas con una de sus hijas de 16 años, en una nave de la localidad de San Clemente en Cuenca, para golpearla en la cara y violarla amenazándola con que la mataría si decía algo.

Estos hechos se volvieron a repetir en al menos otras cuatro ocasiones en la primera mitad del 2017. Éstas últimas violaciones ocurrieron en su lugar de residencia, Villafranca del Duero (Valladolid), y en el Fresno el Viejo y Sisante (Cuenca), donde la familia se había desplazado para buscar trabajo.

Durante el 2017 el hombre cometió hechos similares hasta en tres ocasiones con otra de sus hijas, de 15 años, y en los mismos lugares donde había violado a su hermana. Como consecuencia de estas violaciones, las dos menores se quedaron embarazadas de su padre y se les practicó sendos abortos tras haber interpuesto la correspondiente denuncia.

El ahora condenado también maltrató en varias ocasiones a su mujer y madre de las menores. Lo hacía cuando ésta le pedía explicaciones al sospechar que estaba abusando sexualmente de sus hijas. Además, en una ocasión también pegó a un hijo que salió en defensa de su madre. Tras este altercado, los hijos del condenado avisaron a la Guardia Civil y la esposa interpuso la denuncia por las violaciones de sus hijas.

Además de las penas de prisión, la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, adopta otras medidas como la retirada de la patria potestad, le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años, así como la prohibición de comunicarse o acercarse a sus hijos durante 20 años. También impone una indemnización de 10.000 euros a cada una de sus hijas.

Un hombre cruza un puente de Aldaia, a 12 de noviembre de 2024, en Aldaia, Valencia.

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