El fuego se originó en una barbacoa prendida por un grupo de excursionistas en un merendero del municipio de Riba de Saelices. Calcinó más de 10.000 hectáreas de pinar y monte bajo, incluidas cerca de 2.400 hectáreas de alto valor ecológico pertenecientes al Parque Natural del Alto Tajo, y se llevó la vida a 11 personas que participan en su declive, que necesitó más de una semana de trabajo para extinguirlo.

La gestión que tuvo el Gobierno de Castilla La-Mancha con respecto al incendio fue muy criticada desde distintos ámbitos alegando que no se enviaron los medios aéreos y terrestres necesarios durante las primeras horas.

Siete años después de la tragedia se condenó a uno de los excursionistas implicados en el accidente a una pena de cárcel de dos años y una multa de 10 millones de euros. Un año más trade, el Tribunal Supremo revisaba la sentencia, tras el recurso de Marcelino, el excursionista considerado culpable del incencio.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han expresado un "sentido recuerdo" de los once trabajadores del retén de Cogolludo que perdieron la vida en el incendio. El presidente de la Cámara regional, Jesús Fernández Vaquero, al comienzo del primer pleno de la presente legislatura, ha pronunciado unas primeras palabras en recuerdo de estos "trabajadores ejemplares que perdieron su vida por salvar nuestro patrimonio medioambiental".

Asimismo, ha trasladado a sus familiares el reconocimiento personal y profesional de las víctimas de este fuego que se declaró un 16 de julio de hace diez años al saltar una chispa de una barbacoa encendida por unos excursionistas en la zona de la Cueva de los Casares.

El presidente de las Cortes ha terminado su breve intervención con unas palabras de "ánimo y apoyo a todos los profesionales que estos días están inmersos en la dura tarea de evitar y apagar los incendios forestales".

Imagen del Ayuntamiento de Palma

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