"La prudencia hubiera aconsejado la no utilización de esos medios", ha insistido Becerril en rueda de prensa tras presentar en el Congreso la memoria anual de la institución correspondiente a 2013.
La defensora ha pedido un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "que indicara que pueden hacer" ante la entrada por la frontera de inmigrantes en situación irregular y ha solicitado también el apoyo, no solo económico, de la Unión Europea en este asunto.
Un informe condenatorio entregado a las instituciones europeas
Por su parte, medio centenar de entidades ha enviado a la Comisión Europea y al Consejo de Europa un informe sobre los sucesos ocurridos en la playa de Tarajal, en la frontera de Ceuta.
Estas organizaciones adjuntan un dossier sobre "unos trágicos acontecimientos protagonizados por trescientas personas de origen subsahariano" que han entregado a la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, y al presidente del Comité de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Thierry Mariani.
En el informe denuncian que "los sucesos de Ceuta y las devoluciones en caliente violan la normativa española, europea e internacional". El dossier documenta la intervención de la Guardia Civil, "su posible responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de las personas migrantes y de potenciales demandantes de asilo así como el amparo ofrecido a dicha actuación por parte del director general de la Guardia Civil y el ministro del Interior".
En opinión de las entidades firmantes del informe, "la violación afecta no solo al procedimiento regulado en la legislación de extranjería sino también al principio de no devolución recogido en los artículos 22 de la Convención de Ginebra de 1951, 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 18 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales".
También consideran vulnerado el artículo 6 de la directiva europea que obliga a los Estados de la unión a garantizar el acceso a protección no solo en el territorio sino también en las fronteras y aguas territoriales.
Además, el dossier pone en conocimiento de las instancias europeas que los hechos denunciados "son la continuación de una práctica similar a lo largo de los últimos diez años".
Para las entidades firmantes es fundamental que estos hechos no queden impunes, que sean un aldabonazo más para exigir un cambio radical en las políticas migratorias de la Unión Europea y que se impida el plan hecho público por el Gobierno español de modificar la legislación en aquello que sea necesario para convertir en legal lo que acaba de suceder en Ceuta".
Entidades firmantes
El informe está firmado por la Asociación Libre de Abogados, Andalucía Acoge, la Institución Teresiana en España, las organizaciones Karibu y Apoyo, la Coordinadora de Barrios de Madrid, las asociaciones Alucinos Lasalle y Sin Papeles de Madrid, la Associació Papers i Drets per a Tothom, el Colectivo Agar Espacio de Investigación y Encuentro desde la Diversidad.
Además, por las asociaciones para la Cooperación y el Desarrollo "Integrando", Salando Charcos, Madres Unidas, Asociación Cultural Candombe y ACOEC, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, el Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura, Convivir sin Racismo de Murcia, el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, el Colectivo Red Interlavapies y CEDSALA.
Otros firmantes son Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, Entrepueblos, SOS Racismo, SETEM, Ferrocarril Clandestino, Foro Galego de Inmigración, las fundaciones Raíces y la Merced-Migraciones, el Grupo de Acción Comunitaria.
Por último, Iusmigrante, Jarit Asociación Civil, Mesa de Entidades de Solidaridad con las Personas Migrantes, los partidos Comunista de Ciudad Lineal y Por un Mundo más Justo, el Servicio Jesuita a Migrantes y Valencia Acoge.