La Fiscalía atribuye a sietes altos cargos de Metro Madrid un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, les acusa de homicidio imprudente por la muerte de dos trabajadores tras una larga exposición al amianto.
El Ministerio Público entiende que los siete exresponsables infringieron todas las normas de prevención de riesgos laborales, ya que permitieron a los trabajadores trabajar con el amianto ocultándoles los riesgos que les podría ocasionar en su salud y ni siquiera les entregaron los equipos de protección.