Las autoridades neerlandesas han detenido este viernes a un hombre sirio de 55 años sospechoso de violencia sexual y torturas contra civiles en Siria, lo que supone un crimen de lesa humanidad, anunció la fiscalía neerlandesa, que aseguró que esta es la primera vez que se acusa a alguien en Países Bajos de este "grave delito".
El arrestado llegó a Países Bajos en julio de 2021 y recibió un permiso de asilo temporal, lo que le permitió instalarse con su familia en la localidad de Druten, provincia de Güeldres, según el Equipo de Crímenes Internacionales (TIM) de la Policía Nacional de Países Bajo.
Este equipo lo localizó poco después de su llegada al país tras un aviso de que una persona con un nombre similar había cometido crímenes en Siria. "Se sospecha que fue jefe del departamento de interrogatorios de las Fuerzas de Defensa Nacional (NDF) en Salamiyah, Siria, en 2013 y 2014. La NDF es un grupo paramilitar formado por muchas milicias locales prorégimen, que luchan del lado del régimen sirio. Desde esa posición, este hombre cometió presuntamente actos de tortura y violencia sexual contra civiles", señaló la policía neerlandesa.
La acusación es "complicidad en tortura" con una "intención específica" y "complicidad en diversas formas de violencia sexual", ambas un crimen de lesa humanidad, que se define como un conjunto de crímenes cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. El sospechoso será llevado ante el juez de instrucción el próximo lunes. Países Bajos recurre en este caso al principio de la jurisdicción universal, que permite perseguir crímenes a tribunales nacionales, aunque estos no se hayan cometido en territorio nacional.
El régimen de Bashar al Asad ha reprimido a los civiles que han protestado en su contra desde 2011, cuando comenzó la guerra civil que aún azota al país.
El Ejército sirio cuenta con la ayuda de grupos paramilitares para suplir la escasez de soldados, y para hacer otras tareas más graves, como arrestar y torturar civiles a gran escala, según han denunciado numerosas organizaciones de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, exigió en noviembre a Siria poner fin a los actos de tortura y trato inhumano, y preservar las pruebas que apoyan las denuncias presentadas por las víctimas, en un caso iniciado por Canadá y Países Bajos, que hablaron de desapariciones forzadas, violencia sexual y uso de armas químicas desde 2011.
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