Detienen a una persona y cuatro resultan heridas tras un intento de 'desokupación' en Granada

Granada ha vivido momentos de tensión en la céntrica calle Azacayas después de que varias decenas de personas okupasen un edificio abandonado cercano a Gran Vía. La Policía Nacional detenía a un miembro de este grupo de activistas que mantiene okupado el edificio.

Las autoridades llegaron al lugar alertadas por el enfrentamiento entre una empresa de desalojos y los manifestantes, que piden que este edificio se convierta en un centro social para el barrio. La disputa ha derivado en un altercado que ha causado cuatro heridos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el detenido lo ha sido por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en el transcurso de un altercado que se ha iniciado cuando algunos de los okupas han lanzado objetos desde los balcones del piso ocupado, un edificio de propiedad privada.

El conflicto comenzó después de que varias personas acudiesen a apoyar a los okupas que se encontraban en el inmueble desde hace mes y medio, sabiendo que estaba vacío y que no tenía viviendas. En ese momento, desplegaron desde los balcones telas blancas en las que pueden leerse mensajes contra el desalojo ilegal y en los que reclamaban un "centro social para el barrio".

Fuera del edificio se encontraba personal de una empresa de desalojos y entre 60 y 70 personas se concentraron en el entorno, donde se vivieron momentos de tensión entre el personal de la empresa y los manifestantes que defienden esta okupación.

Finalmente, según informan medios locales, consiguieron llegar a un acuerdo que establece que deben desalojar el edificio en dos meses a partir de este martes. Es decir, si los propietarios ya han presentado una denuncia o piensan hacerlo, el plazo de dos meses podría coincidir con el tiempo estimado para que la denuncia avance y se dicte una orden judicial de desalojo.

Adelante Andalucía ha denunciado en un comunicado que una veintena de miembros de la citada empresa, AMA desokupa, ha intentado desalojar, "sin orden judicial", el edificio, que lleva varios años sin uso y es la antigua sede de la Consejería de Presidencia de Igualdad de la Junta.

Acusan a la empresa de estar generando momentos de tensión al enfrentarse a los activistas, lo que ha provocado que interviniera la Policía Nacional.

El secretario de Organización de Adelante Andalucía, Nèstor Salvador, ha planteado que "es responsabilidad del Gobierno" central acabar con estas empresas de desalojo.

Precisan que "con una modificación de los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal se podría ilegalizar a las empresas de desocupación con multas de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años previstos para quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica".