La Jefatura Superior de Policía de Navarra ha dado por concluida la operación Plastic con la detención de 11 personas , seis en Navarra, tres en Bilbao, una en Irún y una en Santander, por fraude a la Seguridad Social.

Asimismo se imputan delitos de falsedad documental y estafa a la Seguridad Social a otras tres personas que se hallan en paradero desconocido, posiblemente fuera de España y a las que se han insertado requisitorias para detención.

La operación, precisa la Jefatura en un comunicado, ha puesto al descubierto un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social de 185.403 euros por cuotas impagadas por parte de la empresa y otros 56.425 al Servicio Estatal Público de Empleo por prestaciones por desempleo percibidas indebidamente por los supuestos trabajadores.

Fue la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra la que remitió a la Policía Nacional un informe sobre una empresa localizada en Arano que simulaba estar dedicada a la explotación forestal y procesamiento de la madera.

Los supuestos empresarios habían acordado la compra de las instalaciones a la empresa propietaria en 2010 pero el pago no se materializó, hecho que fue demandado en los tribunales por los vendedores.

Los empresarios ahora detenidos crearon a partir de ahí un entramado de empresas para ocultar las actividades comerciales, de tal manera que unas eran propietarias de instalaciones y otras arrendaban parte de ellas a compañías del mismo grupo o a terceros sin relación con el fraude.

Además, añade la Jefatura, adquirieron una línea completa de serrería, procedente de chatarra, que montaron en una de las naves para simular la realización de actividades madereras.

Sin embargo desde 2010 hasta la actualidad las empresas del grupo no han realizado actividad comercial alguna pero sí que han dado de alta en la Seguridad Social a numerosos trabajadores, de los no han podido acreditar el pago de salarios ni el abono de cuotas a la Seguridad Social, como tampoco han justificado pagos a hacienda por ningún tipo de impuesto.

La finalidad de todo este entramado, subraya la Jefatura, era la de vender a supuestos trabajadores altas falsas en la Seguridad Social para que estos pudieran acceder con posterioridad a prestaciones por desempleo, bajas laborales u otras de las previstas en la legislación laboral o para acceder a permisos de residencia en España.

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