La ejecución de las dos sentencias que fallaron a favor del derribo del complejo turístico cacereño de Isla Valdecañas, que está ubicado en la red Natura 2000, sigue pendiente. Están a la espera de un informe de la Estación Biológica de Doñana que fue solicitado hace un año. La Junta de Extremadura se apoya en el coste de la demolición y en que la Zona Especial de Protección de Aves sobre la que se erige tiene ahora más vida que entonces para exponer la "inejecución de la sentencia".
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014, declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta de Extremadura en el 2007 que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción de este macrocomplejo turístico.
A pesar de que ambas sentencias obligan a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original, la Junta alega el alto coste -unos 34 millones de euros- y que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó "tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes". Las organizaciones ecologistas niegan este dato.
Las organizaciones Adenex y Ecologistas en Acción, que fueron quienes denunciaron el caso hace ya casi una década, aseguran que se ha "avasallado" un espacio que estaba "virgen y protegido". A este respecto, el TSJEX encargó la elaboración un informe para aclarar la situación, pero no se sabe nada. La activista de Ecologistas en Acción Paca Blanco ha indicado que el encargado de elaborarlo fue despedido y no saben quién está ahora.
La abogada de Adenex, María Ángeles López, ha señalado que lo más preocupante del caso es que la no ejecución de la sentencia "sería un retroceso democrático porque las leyes están para cumplirlas" y ha lamentado que tres semanas después del fallo del TSJEx de 2011 el Parlamento extremeño modificara la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio regional para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000, "es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico".
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Ecologistas en Acción encargó un estudio multidisciplinar a varios colectivos sobre la forma de acabar con el complejo. El resultado es una alternativa basada en el desmantelamiento selectivo, la gestión de residuos, la evaluación de la huella ambiental y la reestructuración ecológica, más beneficioso para el medio ambiente, más barato y que generaría más empleo que la demolición planteada por la Junta de Extremadura.
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