José Manuel Ramos era cura en el Seminario Menor de La Bañeza en León en los años 80 cuando comenzaron los abusos. Fue una de sus víctimas la que denunció lo ocurrido. Le envió una carta al Papa Francisco en 2014 describiendo el horror que vivió junto a tres de sus compañeros.
"Arrodillado en un lateral de la cama. Suavemente, me iba tocando los muslos, mis nalgas; con mucha delicadeza para no despertarme", reza el escrito. Tenían 14 años, trataron de denunciarle pero sólo obtuvieron el silencio por respuesta. "Pasaron meses sin que nadie frenara los abusos. Las noches se habían convertido en miedo, miedo a dormir", continúa la carta.
28 años después, el párroco ha admitido los abusos. El Obispado le suspendió como sacerdote el pasado julio pero el delito está prescrito y la justicia no ha podido condenarle. Tampoco condenará otros casos de abuso, como el que vivió Emiliano, en el mismo seminario pero con otro párroco.
"Él sabe de sobra lo que ha hecho y quiero que me mire a la cara si sigue vivo y que sepa que a mí me arruinó la vida", relata Emiliano.
Como él, otros afectados han dado un paso al frente y han denunciando los abusos. Son internos del colegio Juan XXIII en el centro de Puebla de Sanabria, donde Ramos fue educador. El Obispo de Astorga ha pedido perdón a las víctimas y ha anunciado la apertura de una investigación.
"Es una situación muy dolorosa para la diócesis y para las propias personas que supuestamente dicen que han sido víctimas. También para los sacerdotes, están sufriendo mucho", declara Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga.
El sacerdote acusado por Emiliano todavía sigue en su puesto. En cuanto a Ramos, se encuentra en una casa sacerdotal haciendo ejercicios espirituales y obras de caridad. Una decisión, según el Obispo, "justa y proporcionada".
Todos los implicados actuaron a sabiendas de la edad
Detenidas 11 personas por agredir sexualmente a una menor de 13 años a la que manipularon a través de una aplicación de citas
Han sido arrestados en Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Madrid, Tarragona y Málaga. Le pedían tener encuentros y material pornográfico. Están acusados de agresión sexual y corrupción de menores.