Miguel era un niño cuando un sacerdote de 60 años abusó de él. Le costó seis años coger fuerzas para contarlo todo, pero ya era tarde para denunciar: el delito había prescrito. Ahora lidera una campaña para que su historia no se repita, que ningún abuso contra menores se quede sin juzgar. Ha entregado más de 300 mil firmas en el Congreso.
"Un sacerdote que llevaba el grupo de jóvenes al que iba comenzó a prestarme mayor atención en mi mente la idea de un sacerdote abusando de niños no entraba y reaccioné cómo reaccionan muchas víctimas pensando que la culpa era mía porque no lo había parado", explica.
Miguel protagoniza una campaña de recogida de firmas, 306.000 apoyos que ya están en el Congreso de los Diputados, junto a estos juguetes de otros niños que sufrieron la misma tortura. "Creo que es necesario romper el silencio y que los ciudadanos demandemos a las instituciones que pongan la protección a la infancia como prioridad en la agenda política", señala.
Exige una reforma del código penal, para que los abusos a menores no prescriban antes de que los afectados crezcan y se atrevan a denunciarlo. "Creemos que por su impacto ante las víctimas, los delitos de pederastia no tienen que prescribir", apunta.
En España los delitos por abusos sexuales prescriben entre los 3 y los 15 años, dependiendo de la gravedad. Miguel y otros muchos afectados piden soluciones para lo que califican de abuso de poder. No quieren que se repitan casos como el de los Romanones o el de los presuntos abusos sexuales denunciados en los Maristas de Barcelona, para los que se ha pedido el archivo de buena parte de las denuncias.