Dolores Ruiz Molina, 73 años, enferma del corazón, va a ser desahuciada el 25 de abril. Su anterior casa fue embargada por las deudas de su antiguo negocio.
Sus hijos compraron la casa de los abuelos a Dolores y sus hermanos, en lugar de entregarle dinero a Dolores, acuerdan dejarle la vivienda en usufructo. Un hijo le hace firmar unos documentos, supuestamente, para solicitar una pensión no contributiva, que en realidad era un contrato de alquiler por la vivienda.
El escollo que plantea la Junta para la pensión es que Dolores debe percibir una pensión de su marido de 500 euros al mes (de quien se divorció en 1998). Su marido dice que él pagaba el alquiler de su mujer.
Sus hijos presentan la orden de desahucio reclamando unas cantidades mensuales de 200 euros al mes más IVA en concepto de alquiler. Stop Desahucios Granada denuncia que Dolores está siendo víctima de una estafa familiar, han presentado más de 8 mil firmas en el juzgado para pedir que se paralice el desahucio hasta que se resuelva la demanda interpuesta sobre la nulidad del contrado de alquiler y el usufructo de la vivienda.