El vocal Juan Carlos Cáceres, exconsejero de Adif imputado por el accidente de tren en Santiago de Compostela, se ha negado a declarar ante el juez Luis Aláez. Se ha acogido a su derecho a no declarar.
Así lo ha confirmado, en declaraciones a los medios, el responsable del sector ferroviario de CC.OO., Antonio Toscano, que ha acompañado en los juzgados al vocal citado. Juan Carlos Cáceres, que ha llegado a primera hora, ha abandonado el edificio judicial apenas diez minutos después sin contestar a las preguntas de los medios.
Por su parte, Antonio Toscano ha señalado que, aunque el vocal no ha querido declarar ante el juez, el sindicato y sus abogados lo consideran un "aplazamiento" hasta que tenga tiempo de analizar toda la documentación de la causa y reciba los informes que faltan.
Por ello, el vocal ha hablado con el juez y se ha comprometido a, si la Audiencia Provincial rechaza su recurso y mantiene su imputación, declarar en el futuro, en un plazo que ha estimado "en 40 o 50 días".
Además, Félix Díaz (UGT), que formaba parte del consejo de administración del gestor ferroviario Adif cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense, se ha negado también a declarar ante el juez Luis Aláez, instructor de la causa abierta por el accidente de tren de julio del año 2013.
Escoltado por compañeros y cubierto con un abrigo, Díaz no ha hecho declaraciones a la salida de los juzgados compostelanos de Fontiñas y sus acompañantes únicamente han pedido a los informadores que se les permitiese el paso, porque no iban a hacer ningún comentario.
Fuentes cercanas al caso han señalado a la prensa que Díaz se acogió a su derecho a no declarar. El juez instructor Luis Aláez, que apura esta investigación, puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el Juzgado de lo Penal número uno de la ciudad de Compostela, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que se despistó no redujo la velocidad.
Luis Aláez sostiene que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro para eliminar "el peligro" que representa la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, "no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas" recogidas en la normativa del sector.