La Fiscalía de Las Palmas solicita condenas que suman 30 años y 10 meses de prisión para G.E.B.H, una mujer de origen colombiano y nacionalidad española, acusada de inyectar silicona líquida en la cara de 37 mujeres en Las Palmas de Gran Canaria. El juicio dará comienzo la próxima semana en la sección sexta de la Audiencia Provincial y se desarrollará en tres sesiones entre el martes y el jueves.
Según el escrito de acusación, G.E.B.H, se hacía pasar por médica jubilada y, sin poseer ninguna titulación oficial, realizó infiltraciones estéticas de relleno en labios con silicona líquida subcutánea en su propio domicilio entre 2016 y 2019. La acusada aseguraba a sus víctimas que el material inyectado era ácido hialurónico, aunque la silicona líquida no está autorizada en España como sustancia de relleno por la Agencia Española del Medicamento.
La Fiscalía acusa a G.E.B.H. de un delito de intrusismo laboral y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave. En su informe, el Ministerio Público detalla que las víctimas comenzaron a sentir dolor y durezas en los labios semanas después de las intervenciones. Estos síntomas llevaron al diagnóstico de granulomas e hipersensibilidad en los labios, requiriendo muchas de ellas tratamiento médico consistente en cirugía, a la cual no han podido acceder por falta de recursos económicos.
Dalila, una de las víctimas, relata que ha tenido que someterse a tres intervenciones para retirar la silicona. "La inflamación continuaba y los dolores y durezas eran constantes", afirmó. Otras perjudicadas han descrito secuelas físicas y psicológicas de larga duración. "Estoy afectada psicológicamente, tengo miedo de no conseguir el dinero necesario para tratarme, sufro dolores constantes", comentó otra de las víctimas.
La Fiscalía también ha solicitado al tribunal que G.E.B.H. indemnice a cada víctima con 5.000 euros por los daños físicos y morales causados. El juicio se celebra después de que en octubre pasado las partes no lograran un acuerdo, debido a que las víctimas consideraron insuficiente la reparación económica ofrecida por la acusada.
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