Su primera parada a este lado del estrecho fue, como la de los demás, el polideportivo de Tarifa. Después de tres días de llegada incesante de pateras las comisarías de la zona no dan abasto, y la Policía lo sube a un autobús para que su orden de expulsión se tramite a 120 kilómetros de allí, en Jerez de la Frontera.
“Nos dan un papel y nos dicen que tenemos libertad para vivir un mes. Si quieres irte puedes hacerlo. Pero yo no tengo a nadie. Algunos salieron a Madrid o a Barcelona. Solo yo me quedé aquí”, explica Ibrahim.
Y así, recién llegado a España y con una orden de expulsión bajo el brazo, a las primeras de cambio se ve durmiendo en la calle Ibrahim, de Ghana. "No tenía a nadie, no conocía nada. Era nuestra primera vez aquí, fue muy peligroso. La policía no me dio nada, no tenía dinero", asegura Ibrahim.
Es solo un caso de entre el millar de personas que entre el 11 y el 13 de agosto arribó a la costa española. Asociaciones pro derechos humanos y ONG denuncian que la operación de rescate se convirtió en un largo período de detención ilegal. “El ordenamiento jurídico español prevé un máximo periodo de detención de 72 horas, y en este caso estaban una semana retenidos”, declara Mikel Araguás, secretario general Andalucía Acoge.
A la inmensa mayoría ya les ha sido tramitada la expulsión del país, que a Ibrahim se le hace efectiva en un mes. Pero sus planes aquí, trascienden con mucho de esa fecha. Y por eso trabaja duro por mejorar cuanto antes su incipiente español.