El Gobierno ha dado su palabra a las administraciones afectadas. En la misma línea se ha pronunciado Alberto Fabra en 'Al Rojo Vivo': "Hasta que no haya absoluta seguridad de que no se van a producir movimientos importantes que sean percibidos por los ciudadanos, no se volverá a poner en marcha de la instalación".
Pero los temblores no cesan. Y por eso cada vez son más lo que plantean que el cierre de la planta de Castor sea definitivo, algo que pidieron miles de personas en las calles de los municipios afectados, y en lo que hoy insisten.
La pregunta es: ¿Quién debería asumir los costes de un hipotético cierre? Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, no lo desvela: "Ya veremos cuando llegue su momento".
Esta es, de momento, la tibia respuesta del Gobierno. Pero según la empresa, sería el Estado el que tendría que abonar lo más de 1.600 millones de euros que costaría desmantelar la planta. Y se basa para ello en la normativa que publicó el BOE en 2006: "En el caso de que el titular de la concesión solicite la extinción de la misma, se reconocerá la inversión en instalaciones".
Es decir, que el cierre, de producirse, lo pagaríamos entre todos. El Gobierno insiste en que la decisión final debe depender exclusivamente de una cosa: la seguridad de las poblaciones cercanas. Mientras, siguen los temblores. En las últimas 24 horas se han producido cuatro movimientos que no han superado los 1,6 grados en la escala Richter.