La Guardia Civil realizó el año pasado 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y detectó 1.342 infraestructuras ilegales para captar agua, la mayoría pozos, mientras que han sido detenidas e investigadas 92 personas por la comisión de 106 delitos.
Algunas de estas infraestructuras servían para el riego de extensos campos de cultivo. "Los delitos más comunes son los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la ordenación del territorio y defraudación de aguas y de fluido eléctrico", explica la portavoz del Seprona.
En total, 92 personas han sido detenidas por cometer más de 100 delitos contra la extracción ilegal de agua. En la comarca de la Axarquía, Málaga, es donde han detectado más pozos ilegales, hasta 250. Se estima que han retirado más de 25 millones de metros cúbicos de agua, unas extracciones ilegales que podrían superar los 10 millones de euros en daños.
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Durante los tres últimos años, la Guardia Civil y el Seprona han desarrollado una campaña de lucha contra la desertificación para proteger este bien tan escaso. Utilizan una tecnología conocida como la teledetección, unos datos que permiten analizar la evolución de los usos del suelo y de las prácticas agrícolas realizadas en cualquier finca rústica.
