La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada 'Operación Potacar', que ha finalizado con la incautación de más de 28 toneladas de alimentos. Casi todos estaban caducados desde hace más de un año y se encontraban en almacenes desde los que luego se pretendía distribuir a bares y restaurantes, reetiquetando los productos para ampliar la fecha de caducidad.

"Con ese reetiquetado se suponía que se ponía una fecha que sería apta para el consumo humano", apunta Ana Cristina Otín, portavoz de la Guardia Civil de Zaragoza, donde se localizaron la mayor parte de los alimentos, en una empresa que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos. El resto de la comida intervenida estaba en las provincias de Valencia y Almería.

Sin embargo, apunta la portavoz, "incluso llegaron a detectar alimentos que debían haberse vendido como producto fresco, pescado, que fueron congelados, una vez rebasada esa fecha de caducidad, y puestos a la venta para introducirse en esos establecimientos". "Ha sido retirado de la cadena alimenticia, por lo tanto, no ha llegado a introducirse al consumo humano, no ha llegado a nuestras mesas", subraya no obstante Otín.

Una estafa al consumidor y un peligro de salud pública, ya que consumir alimentos caducados es peligroso para la salud y puede causar intoxicaciones alimentarias. Y es que la carne y el pescado no aguantan eternamente congelados.

Lluís Riera, experto en Seguridad Alimentaria, precisa que "la vida útil de un producto ultracongelado podría llegar a ser dos años, pero nunca tres o cuatro años como lo que se ve en estos productos que han sido incautados". Los alimentos congelados en las neveras de casa, por su parte, aguantan de ocho a 12 meses.

La Guardia Civil asegura que no han detectado ningún caso de intoxicación. Según Riera, estos productos "van a un mercado negro, no van al mercado que estamos acostumbrados". En esta operación 96 empresas han sido investigadas y 60 están implicadas. El Instituto Armado ha detenido a ocho personas y está investigando a otras 81 por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

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