Entre el aeropuerto de Barajas y la ciudad deportiva del Real Madrid, encontramos un enorme descampado, 400.000 metros cuadrados de un secarral cercado por vallas metálicas que anuncian unas obras que no existen.
Este desolador paraje fue en su día la ensoñación de una mega ciudad de la justicia para Esperanza Aguirre. Para la entonces presidenta, no era sólo un gran proyecto, era 'el' gran proyecto: para ello creó una empresa pública a la que dotó de 130 millones de euros quería 12 edificios construidos por los mejores arquitectos del mundo.
Purificación Suárez, delegada del Sindicato del Secretariado Judicial, asegura que "fue un proyecto absurdo diseñado para la gloria de Aguirre" Ante el fiasco, el gobierno madrileño liquidó la sociedad. Por el camino se quedó el dinero. 105 millones de euros se han perdido en indemnizaciones a constructoras o arquitectos, auditorías y nóminas.
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia, afirma que "con ese dinero se podrían haber puesto las bases para crear una ciudad de la justicia racional". Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, explica que "por parte de mi gobierno lo que estamos haciendo es ultimando la liquidación de esa sociedad". Los madrileños siguen pagando hoy 12.000 euros al mes por la seguridad del único edificio construido.