La Fiscalía reclama que sea condenado a un año y medio de cárcel e inhabilitado durante siete años por los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función.
Según recoge el escrito de acusación que ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el acusado ejercía durante 2015 y 2016 labores de gestión y tratamiento de todo lo relativo a hechos relacionados con la violencia de género.
El fiscal explica que tuvo conocimiento de la situación de la víctima el 9 de junio de 2016, cuando esta sufrió una agresión por parte de su pareja, y en una visita hospitalaria le ofreció su ayuda y un lugar para preservar su seguridad.
Tres semanas después la mujer acudió de nuevo al cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra para denunciar que su pareja había incumplido las medidas de alejamiento impuestas por el juzgado y se había acercado a ella.
Tras ello, según el fiscal, el agente accedió a sus datos personales, dirección y teléfono y se puso en contacto con ella para tratar de quedar en un bar, ofreciéndole ayuda para pagar el alquiler e invitándola a cenar.
La mujer acabó aceptando, señala el representante del ministerio público, ante la insistencia del acusado que, también por razón de su cargo, tenía conocimiento de que ella ejercía la prostitución y consumía drogas, logrando de esta forma doblegar su voluntad.
El fiscal añade que el acusado llevó a la mujer a su domicilio, situado en el propio cuartel, en la madrugada del 27 de junio, en donde mantuvieron relaciones sexuales.
Después de ello, en base a este relato, al preguntarle la mujer por el dinero que le había ofrecido para el alquiler, el hombre le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo.
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Localizaba establecimientos con un único trabajador, realizaba su pedido y al proceder al pago, aprovechando el despiste del dependiente, lo amenazaba con un arma hasta que le entregaba el dinero de la caja registradora.