En la operación han sido detenidos cinco ciudadanos búlgaros, miembros de un grupo especializado en delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la hacienda pública.
Según un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, atendiendo a sus condiciones de salubridad, las instalaciones "podrían haber causado daños importantes a la salud de los consumidores".
Además, con su venta habrían vulnerado los derechos de propiedad industrial de dos importantes marcas tabaqueras, según las mismas fuentes.
La investigación comenzó al tener indicios sobre la posible instalación de una fábrica clandestina de tabaco en la localidad alicantina.
La información apuntaba a que detrás del desarrollo de esta actividad ilícita se encontraba una organización asentada en Bulgaria y con ramificaciones en diferentes países de la Unión Europea.
Además, se comprobó que la organización disponía en España de un almacén de seguridad que utilizaban para la primera recepción del material y, tras depositarlo allí varios días, lo trasladaban a la fábrica.
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