En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno a los proyectos, el titular de Sanidad, Alfonso Alonso, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado el contenido de la reforma que refuerza la protección del menor frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas 3.364 en 2013.
Entre otras novedades establece como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación. Fija la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. Además obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de delitos contra la libertad sexual a comunicarlos al Ministerio Fiscal.
El Ejecutivo refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados, de manera que las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante al menos cincuenta años, y contempla la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto son su familia biológica.
También modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que éstas conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
Alonso ha destacado que con esta reforma España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio sustantivo de la legislación, como recomendó la ONU en 2013. De esta manera, la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables, como jóvenes extutelados y menores con discapacidad o extranjeros no acompañados, a lo que se les reconoce su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales.