Mohamed y Mbaye llevan cuatro años caminando en la incertidumbre. Si nada cambia tendrán que despertar de este mal sueño fuera de España. En 2010, una abogada les prometió un contrato para arreglar su situación y pagaron entre 1.700 y 2.300 euros. El problema llegó cuando presentaron los documentos a la Policía y les comunicó que eran falsos.
Han disfrutado de un permiso temporal gracias a que colaboraron con la Policía para evitar más estafados. Pero ahora se termina su tiempo, la Ley de Extranjería les exige tener un contrato de trabajo de un año para poder quedarse.
“Es una manera de ponerles trabas a estas personas para que no renueven los permisos de residencia y que vuelvan a estar en situación irregular” afirma Brigida Ridruejo, portavoz de ‘SOS racismo’. Para ayudar a gente como este senegalés y este marroquí, hay asociaciones con abogados para echarles una mano y velar por sus derechos.
José Luis Rodríguez Candela, abogado de ‘Andalucía acoge’ cree que “se aprovechan de la situación de necesidad que se encuentran estas personas y el primer problema que plantean es el de la documentación”.
Si no son pocos los problemas que ya tienen inmigrantes como Mohamed y Mbaye se añade uno más: el miedo a que en cualquier momento puedan ser detenidos y expulsados.