El jurado del juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco ha declarado culpables de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a Montserrat González, a su hija, Triana Martínez, y a la policía local Raquel Gago.
El portavoz del jurado popular ha señalado durante la lectura del veredicto que consideran probado que las tres acusadas urdieron un plan para asesinar a la dirigente del PP, del que las tres eran conocedoras y del que todas aceptaron formar parte.
Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el fiscal del caso, Emilio Fernández, ha reclamado 22 años de cárcel para Montserrat González y para su hija, 19 por el asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y tres más por tenencia ilícita de armas.
En el caso de Raquel Gago, el fiscal ha rebajado la petición de pena a 12 años por asesinato y atentado y 3 por tenencia ilícita de armas, ya que ha tenido en cuenta alguna de las atenuantes planteadas por su defensa.
El fiscal pide siete años menos de prisión para Raquel Gago que para las otras dos acusadas por el delito de asesinato, al considerar probada su participación aunque de forma "no esencial".
El letrado José Ramón García, que representa a Montserrat González y a su hija, ha pedido al tribunal que se condene a sus patrocinadas a 17 años y 6 meses por los delitos de asesinato y atentado, así como a la pena mínima (2 años) por tenencia ilícita de armas.
El letrado, que ha anunciado que presentará un recurso, también ha solicitado que se conceda la libertad provisional a Triana. El abogado Fermín Guerrero, que representa a Raquel Gago, ha pedido para su cliente la pena mínima que se contempla para los tres delitos, un total de diez años: ocho por los delitos de asesinato y atentado y dos por tenencia ilícita de armas.
Este letrado también ha anunciado que recurrirá la sentencia y ha pedido que su patrocinada continúe en libertad condicional hasta que se resuelvan los recursos, puesto que ha demostrado que no existe riesgo de fuga y porque cabe la opción del indulto.
Sobre la posibilidad de pedir el indulto, el jurado considera que no cabe en el caso de Montserrat González, y en cuanto a Triana cuatro de los miembros del jurado se han posicionado a favor de que se aplique forma parcial y cinco en contra.
En el caso del Raquel Gago, cinco miembros del jurado están a favor de un hipotético indulto parcial y cuatro en contra. También ha considerado que no cabe suspensión de la pena en el caso de Montserrat, mientras que para Triana uno de sus miembros se ha mostrado a favor y ocho en contra; y para Raquel, cuatro a favor y cinco en contra.
El jurado ha tenido que responder a las 84 preguntas que les trasladó el presidente del tribunal, Carlos Álvarez, para basar su veredicto. En el caso de Montserrat González y Triana, el jurado ha visto probado por unanimidad todas las cuestiones que implicaban a madre e hija en los tres delitos de los que estaban acusadas. Por lo que respecta a Raquel, el jurado la ha calificado de culpable de los tres delitos, por mayoría de siete de los nueve miembros que lo conformaban.
Isabel Carrasco murió a las cinco y cuarto de la tarde del 12 de mayo de 2014, tras recibir tres disparos cuando atravesaba una pasarela peatonal sobre el río Bernesga para dirigirse a la sede del PP en el Paseo de Salamanca.
La Policía detuvo veinte minutos después a Montserrat González y a su hija Triana Martínez como supuestas autoras de su muerte gracias a la colaboración de un agente de policía jubilado que presenció la agresión y siguió a la primera.
Cuarenta y ocho horas después, Raquel Gago entregó en la Comisaría de León el arma homicida y explicó que la había encontrado en su coche sin saber cómo había llegado hasta allí.
Inicialmente quedó en libertad, pero el 16 de mayo la titular del juzgado número 4 de León, Sonia González, que ha instruido las diligencias del caso, decretó su ingreso en prisión tras tomarle declaración.
Montserrat González declaró que es la única responsable del crimen, explicó que había actuado movida por el odio, ya que responsabilizaba a Isabel Carrasco del despido de su hija de la Diputación de León y de cercenar su carrera política en el PP.
