El problema para conseguir un visado hace que muchas personas se planteen migrar en cayucos, a pesar de los riesgos que saben que esto supone. Este es el caso, por ejemplo, de Awa Sarr, que lleva cinco años comunicándose con su marido a través de una pantalla desde Senegal.

Él viajó a España para ayudar económicamente a su familia. "Mi madre y yo estábamos enfermas y necesitábamos dinero", explica Awa Sarra a un equipo de laSexta que se ha desplazado hasta Senegal. Su marido sigue sin estar regularizado y solo accede a trabajos precarios. Ahora, ella quiere viajar con sus dos hijos y reunirse con él, para unir fuerzas como familia.

"Me gustaría irme a vivir con él y poder trabajar también allí, que mis hijos tengan una buena educación. Por eso estoy buscando la opción de subirme a un cayuco", reconoce.

Una travesía que está dispuesta a hacer a pesar de que conoce los riesgos. "Sí, es lo que me asusta. Una amiga, en mi misma situación, se subió en un cayuco con sus dos hijos y acabaron muriendo en el mar", reconoce.

Otras personas que se encuentran a una situación parecida a la de ella confiesan que prefieren no arriesgarse. Este es el caso de Kourra Marr, cuyo marido hizo la travesía hace tres años desde Mauritania. Estuvo un mes sin saber nada de él porque lo habían metido en la cárcel acusado de ser capitán.

"Ahora ha salido de la cárcel, pero no tiene papeles y no puede trabajar. Por eso quiero ir con él pero por una vía legal. Ya tengo el ejemplo de lo que a él le ha pasado, que acabó en prisión, y no quiero que a mí me ocurra también algo malo", confiesa.

El problema es el cómo. Sara Trigo, abogada experta en migración, explica que el consulado español que concede las citas y los visados de reagrupación familiar está derivado a una empresa privada en Dakar.

"Estamos encontrando denegaciones sistemáticas de este tipo de visado. Después de la desesperación, de no poder realizar el trámite o no tener una cita en el consulado, muchas personas se deciden por coger la patera y arriesgar su vida", aclara esta abogada.

Una problemática que está generando un mercado negro de citas que pueden alcanzar precios de más de 1.200 euros

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Tras el fallo

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