Unos 70 trabajadores de la plantas de Alcoa en A Coruña han pedido al Gobierno que intervenga la empresa y la nacionalice, y han denunciado que la multinacional del aluminio les esté chantajeando.
A las puertas del Congreso, casi un centenar de trabajadores se han manifestado bajo la pancarta "Alcoa peche non" (Alcoa no se cierra) y han criticado la pasividad de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el día en el que vence la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que pesa sobre 686 trabajadores.
"A solución, un intervención" (La solución, una intervención) han coreado los empleados gallegos tras advertir de que no van a aceptar el ERE ni van a dar un paso atrás.
"En esta fábrica no va a parar nadie de trabajar, vamos a aguantar hasta el final sea como sea y pese a quien le pese", ha señalado Rubén Amado, mecánico de mantenimiento, al tiempo que ha pedido al Gobierno que se pronuncie porque están "hartos y cansados de mentiras". Amado ha afirmado que "los trabajadores no contaron para nada. Aparecieron con un pacto social y para nada es un plan social es un acoso y derribo".
Los comités de empresa de Alcoa en Avilés y A Coruña afrontan la última jornada para la negociación del ERE con el objetivo de ganar tiempo y arrancar el compromiso a la empresa de que invierta en las fábricas para que puedan seguir funcionando.
A la manifestación en Madrid se ha unido la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, así como los diputados Segundo González, Rafael Mayoral y Yolanda Díaz que han instado a una intervención del Estado en Alcoa, sea parcial o total, una vez que han pedido al reprobación de Maroto en el Congreso.
"El Gobierno tiene hasta las 12.00 de la noche para poner encima de la mesa una solución para Alcoa. La pelota está en el tejado del Gobierno, incluida la intervención temporal para luego venderla o mantenerla dentro de lo publico", ha dicho González, mientras Díaz ha criticado la insolvencia de la ministra de Industria para encontrar una solución después de dos meses y medio de negociación.
Por su parte, Mayoral ha urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "haga de Gobierno y aplique el artículo 128.2 de la Constitución para salvar los puestos de trabajo", ya que Alcoa opera en régimen de monopolio y es una empresa de interés público.
