Huyen de países donde tienen muy poco o nada. No dudan en dar lo poco que tienen a una mafia para intentar llegar a Europa, la tierra prometida. Algunos pagan hasta 6.000 euros por jugarse la vida cruzando la frontera.
Desde que las oleadas de inmigrantes han aumentado, las ONGs denuncian que los derechos humanos han disminuido. Hasta el punto de que el propio ministro del Interior llegó a reconocer casos puntuales en los que las fuerzas del estado no cumplían esos derechos.
Varias ONGs aseguran que en la frontera se ha instaurado una ley no escrita: todo vale para intentar que las personas que tratan de llegar a España no lo consigan. Desde la instalación de las concertinas en la valla de Melilla a la devolución ilegal de inmigrantes que ya habían alcanzado suelo español.
Las ONGs insisten: "para el control de fronteras no vale todo", y denuncian que "el control de fronteras en España está quedando al margen de la ley".