Un bebé de tan solo cuatro meses que necesita una operación urgente de corazón está pendiente de que se resuelva de una batalla legal que enfrenta al Sistema de Salud de Nueva Zelanda con sus padres, que no quieren que reciba transfusiones de sangre de alguien vacunado contra el COVID-19.

Los progenitores, que reconocen la urgencia de la intervención, se niegan a que el pequeño, que sufre el estrechamiento de una válvula, sea operado si se utiliza plasma de un donante que haya sido vacunado, según han declarado en una entrevista en un canal de antivacunas.

"No queremos sangre contaminada por la vacunación. Ese es el final del trato. Aceptamos cualquier otra cosa", ha asegurado el padre del menor, en una cama junto a su hijo en el Hospital Ciudad de Auckland. Según el progenitor, tienen una lista de una veintena de posibles donantes sin vacunar.

El organismo público NZ Blood, que coordina las donaciones de sangre y provee de plasma a los hospitales, especifica en su web que durante la recolección no pide a los donantes indicar si están vacunados y que no existen pruebas de que la sangre de personas vacunadas suponga un riesgo añadido. Además, el ente sostiene que los pacientes no pueden elegir a sus propios donantes, según la emisora 'Radio New Zealand'.

Ante esta situación, el departamento público de Salud, también conocido como Te Whatu Ora, solicitó a la Justicia el lunes la tutela del bebé en base a la Ley de Cuidado del Menor, lo que le permitiría proceder a la intervención, de acuerdo con el diario 'New Zealand Herald'.

Los padres del menor, abogados de ambas partes, cirujanos y representantes de NZ Blood se reunieron la víspera durante una vista preliminar que terminó sin acuerdo. El Tribunal Superior de Auckland ha programado una vista para el próximo 6 de diciembre en el caso de que las partes no alcancen un acuerdo para entonces.

El país oceánico, que aplicó férreas restricciones para combatir la crisis del coronavirus y registra altas tasas de vacunación, cuenta sin embargo con un numeroso movimiento de antivacunas, que entre febrero y marzo de este año llegó a acampar frente al Parlamento hasta ser desalojados por la Policía.

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